Rumbos soberanos para un nuevo impulso del desarrollo
Contribución al programa de campaña Lula presidente 2026
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El PCdoB participa activamente y converge políticamente en la elaboración del plan participativo de gobierno para la campaña de Lula en 2026, que está siendo desarrollado por las fundaciones del PT, el PCdoB, el PSB, el PV, el PDT y la REDE. Al mismo tiempo, considera necesario exponer su propia posición, con los elementos estructurales centrales de lo que está en juego en la disputa por el futuro. En torno a ellos, presenta las propuestas políticas que considera más decisivas, sin perjuicio de tantas otras que están siendo formuladas con su participación en los 13 grupos temáticos y transversales del plan participativo.
El PCdoB considera que el gobierno de reconstrucción nacional, encabezado por el presidente Lula entre 2023 y 2026, cumplió un papel decisivo. Recibió un país profundamente debilitado por una etapa regresiva, iniciada con el golpe de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff y agravada durante el gobierno de Bolsonaro. En ese período, el Estado nacional sufrió un desmantelamiento sin precedentes, marcado por el techo de gastos (Propuesta de Enmienda Constitucional n.º 241, PEC 241), por la «autonomía» del Banco Central, por la reforma laboral, por el debilitamiento del BNDES y de Petrobras y, finalmente, por el intento golpista del 8 de enero de 2023 contra la democracia, que resultó en el encarcelamiento de sus principales articuladores. Esta acción destructiva de la familia Bolsonaro persiste y se agrava, apoyada por el presidente estadounidense Donald Trump, contra la soberanía nacional y la democracia.
Con sólidas credenciales democráticas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomó la agenda del desarrollo y reafirmó su compromiso y su elevado espíritu público. Al enfrentar la amenaza contra el Estado Democrático de Derecho y poner énfasis en la defensa de la soberanía nacional, preservó la normalidad institucional y reunió a amplias fuerzas políticas y sociales para la reconstrucción nacional. Al mismo tiempo, retomó la agenda económica y reafirmó su compromiso histórico con la reducción de las desigualdades sociales.
Comparado con los gobiernos de los expresidentes Michel Temer y Jair Bolsonaro, el balance del período es ampliamente positivo. Su significado es aún mayor porque los avances se produjeron en un entorno económico y político predominantemente adverso al proyecto aprobado en las urnas, lo que limitó los cambios profundos y rápidos.
Tenemos la confianza de que el electorado reconocerá esta realidad. El nuevo mandato del presidente Lula será un punto de referencia fundamental para la soberanía nacional, para consolidar la democracia y para elevar la calidad de vida del pueblo.
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Los logros alcanzados por el gobierno constituyen una base sólida para avanzar. Sin embargo, el actual modelo de crecimiento económico es insuficiente y se aproxima a sus límites. Los avances económicos y sociales continúan condicionados por el régimen macroeconómico vigente. La política monetaria mantiene la tasa básica de interés entre las más elevadas del mundo, desalienta la inversión productiva y transfiere alrededor de un billón de reales al año en recursos públicos a una reducida parte de la sociedad y a especuladores extranjeros, ampliando la concentración del ingreso y del poder.
Al mismo tiempo, el régimen fiscal continúa orientado por metas rígidas y de corto plazo, restringiendo las inversiones públicas y las políticas sociales. Esto debilita la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo, garantizar derechos, mejorar la vida de las personas y sostener la confianza democrática.
Este es el momento de proyectar el futuro, ofrecer una dirección segura y renovar las esperanzas de millones de brasileños y brasileñas por una vida mejor y una nación pujante.
Brasil necesita una vigorosa estrategia de crecimiento, centrada en la transformación productiva, industrial y tecnológica; en la diversificación y la seguridad energética; en la sostenibilidad ambiental; en la valorización del trabajo; en la cultura y las industrias creativas; en la reducción de las desigualdades; y en la erradicación de la pobreza extrema.
También requiere una democracia avanzada, de contenido social y político, que supere la subordinación a los intereses oligárquicos que condicionan la representación política y la participación popular y limitan institucionalmente la capacidad nacional de promover el avance económico con justicia social.
La soberanía nacional y una democracia sólida son el pasaporte indispensable para mantener y ampliar las conquistas sociales del pueblo brasileño, mejorar la vida de las personas y ofrecer un horizonte de futuro más próspero y definido.
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El próximo gobierno de Lula puede abrir las puertas a otra etapa de la vida nacional: un nuevo ciclo de desarrollo soberano, capaz de elevar a Brasil a otro nivel ante las profundas transformaciones en curso en el mundo contemporáneo.
El agotamiento del ciclo neoliberal, evidenciado desde la crisis global de 2007-2008, concentró el ingreso y profundizó las desigualdades y la precarización del trabajo. En el plano internacional, se intensifican las tensiones geopolíticas, la inestabilidad del orden mundial y los conflictos armados. En respuesta a su declive relativo, el imperialismo estadounidense amplía su presión sobre América Latina y otras regiones, buscando preservar su posición dominante.
Ante este escenario, Brasil necesita consolidar un proyecto soberano que le permita alcanzar el estatus de pleno desarrollo, afirmar sus intereses nacionales, reducir sus vulnerabilidades y retomar el fortalecimiento de la integración regional sudamericana. En definitiva, debe fortalecer su autonomía estratégica y el sólido papel disuasorio necesario para las Fuerzas Armadas.
Se trata de aprovechar las oportunidades abiertas por la aparición de nuevas coaliciones en el Sur Global, capaces de ampliar las alternativas de inserción internacional de Brasil y contribuir a superar su situación semiperiférica en las cadenas globales de valor.
Entre las realizaciones más importantes del actual mandato se encuentra la recuperación del prestigio internacional de Brasil. Bajo el liderazgo del presidente Lula, el país volvió a ser una voz fuerte en el mundo en defensa de la paz, la democracia, la soberanía de los pueblos, la lucha contra el hambre, la sostenibilidad ambiental y un multilateralismo equilibrado. Esta actuación proyecta a Brasil como una referencia democrática y fortalece su presencia en espacios como los BRICS+, el G20 y diversas articulaciones multilaterales.
Brasil necesita cambios estructurales para enfrentar los obstáculos que representa el sistema actual en los planos económico, político y social, así como las imposiciones de los círculos financieros y proimperialistas. Bajo ese marco, la economía creció a tasas mediocres en las últimas décadas, desde que se implementó la orientación neoliberal, cuya esencia fue debilitar la independencia del país y atar aún más al Estado a las cadenas de la financiarización.
Las consecuencias fueron más allá del plano económico. Contribuyeron al desgaste de las instituciones democráticas y abrieron espacio para experiencias de cuestionamiento de la propia democracia, culminando en el intento golpista del 8 de enero de 2023.
El debate en el ámbito del gobierno, del conjunto de las instituciones y de la sociedad sobre reformas estructurales democráticas del Estado nacional es una exigencia para avanzar.
Una vez realizada la reconstrucción institucional democrática y revertido el desmantelamiento de las políticas públicas económicas y sociales, el próximo gobierno creará las condiciones para reunir fuerzas y desencadenar una nueva fase de crecimiento económico que lleve a la nación a un nuevo nivel civilizatorio.
Es cada vez más evidente que solo con una amplia fuerza social, política, económica y cultural movilizada es posible avanzar. Esto sitúa en otro nivel la disputa necesaria en la sociedad. El presidente Lula es el líder necesario para este momento histórico.
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La premisa fundamental de este proyecto es la construcción de una vida mejor para el pueblo, tanto en la dimensión material como en las dimensiones cultural y espiritual de las personas, especialmente de quienes viven de su trabajo.
De esta premisa se deriva el compromiso histórico de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda con la construcción de una sociedad humanista, fundada en la plena realización de los derechos sociales, civiles y humanos. Esto comprende la lucha de las mujeres por la igualdad y contra todas las formas de violencia; el combate al racismo y la promoción de los derechos de la población negra; la defensa de los pueblos indígenas; la garantía de los derechos de las personas LGBTQIA+; y la protección de la libertad religiosa.
Un programa de gobierno comprometido con la transformación nacional debe proyectar un futuro de movilidad social ascendente, valorización del trabajo y del ingreso, fortalecimiento de la cultura en sus dimensiones simbólica, económica y ciudadana, consolidación de los derechos sociales y civiles y conquista de nuevos derechos. También debe promover ciudades más humanas, asegurar la estabilidad de la vida colectiva, fortalecer la seguridad pública, proteger los intereses nacionales y consolidar la democracia.
Sin un nuevo y superior ciclo de crecimiento económico sostenido no es posible proyectar esta renovación de expectativas ni la ampliación de los derechos conquistados. Solo un proceso duradero de desarrollo permitirá alcanzar una mayor equidad social y regional, enfrentar la extrema concentración del ingreso, fortalecer la defensa nacional, emprender un combate vigoroso e implacable contra las organizaciones criminales que conduzca a la recuperación de los territorios dominados por ellas, resolver los enormes cuellos de botella de la infraestructura y la logística y alcanzar una mayor integración territorial, teniendo a la Amazonía como espacio estratégico de protección y de desarrollo soberano y sostenible.
Estos son los contenidos esenciales de la propuesta de rumbos soberanos para Brasil. El PCdoB considera que, antes y por encima de todo, es preciso movilizar la conciencia, la organización y la participación en la vida política de los trabajadores, de la juventud, de la comunidad científica, de los sectores productivos y de las fuerzas democráticas y patrióticas, para converger en un amplio movimiento mayoritario de la sociedad civil, base de las grandes concertaciones sociales indispensables y capaces de sostener una nueva etapa de desarrollo y soberanía nacional.
La disputa electoral es el inicio de este camino, de intensa lucha política, social y de ideas para remover los obstáculos que bloquean el desarrollo del país. El programa de campaña debe presentar no solo los objetivos, sino también los caminos capaces de hacerlos convincentes y viables para la amplia mayoría de los brasileños.
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Los tres vértices que aquí se proponen para una nueva etapa de desarrollo nacional tienen como núcleo el papel estratégico del Estado nacional como agente de inversión, inducción, planificación y coordinación del desarrollo económico, articulado con la profundización democrática y la valorización del trabajo como motores del progreso.
Esta formulación considera simultáneamente las exigencias del desarrollo soberano del país y el contexto geopolítico de transición hacia un orden internacional multipolar. En este escenario, los intereses estratégicos de Brasil son objeto de disputas crecientes debido a su relevancia regional, a su protagonismo en los BRICS+ y a su inserción activa en las articulaciones del Sur Global.
El primer vértice consiste en la elaboración de un plan nacional de desarrollo, que deberá formularse en los primeros meses del nuevo gobierno.
Los desafíos internos y externos exigen un salto cualitativo en la capacidad estatal de planificación y coordinación estratégica. El desarrollo nacional no puede depender exclusivamente de los movimientos espontáneos del mercado. Requiere dirección política, capacidad institucional y objetivos claramente definidos.
La formulación del plan deberá incorporar las enseñanzas de las experiencias recientes, valorando sus éxitos y enfrentando sus limitaciones. Su elaboración debe realizarse mediante un amplio diálogo con la sociedad civil, los trabajadores, la comunidad científica, los sectores empresariales y las instituciones públicas comprometidas con el desarrollo nacional.
El plan nacional de desarrollo deberá orientar la acción integrada de todo el gobierno, por medio de metas traducidas en programas, misiones y proyectos estructurantes. Su núcleo será una estrategia sectorial y regional de inversiones públicas capaz de inducir inversiones privadas, atraer capital extranjero alineado con los objetivos nacionales, acelerar la modernización productiva y reducir las desigualdades sociales y territoriales.
El plan deberá establecer metas de crecimiento económico, un modelo y mecanismos de financiamiento, perfeccionamientos regulatorios, la identificación de los principales cuellos de botella institucionales y la definición de los instrumentos necesarios para superarlos. También deberá contar con una instancia permanente de monitoreo vinculada directamente a la Presidencia de la República.
La diversificación y la seguridad energéticas constituyen otro eje decisivo de esta estrategia. El país necesita ampliar su capacidad de coordinación pública sobre los segmentos del petróleo y el gas, y sobre la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, a fin de reducir los costos para la economía, ampliar la competitividad productiva y asegurar una transición energética compatible con el crecimiento sostenible. En este contexto, la revisión selectiva de las privatizaciones debe considerarse siempre que los intereses estratégicos del país así lo recomienden.
El segundo vértice es una política sistémica de reconfiguración productiva y tecnológica, cuyo núcleo está constituido por la industria de transformación y los servicios modernos, especialmente aquellos intensivos en conocimiento, información y gestión de datos.
La reanudación de la política industrial por medio de la Nova Indústria Brasil (NIB) representó un paso relevante al volver a colocar el desarrollo productivo en el centro de la agenda nacional y explicitar los principales cuellos de botella que deben enfrentarse. La etapa siguiente exige profundizar y actualizar esta estrategia a partir de un principio orientador con cinco directrices centrales.
El principio orientador consiste en articular los objetivos de productividad y competitividad con la mejora efectiva de las condiciones de vida de la población. La política industrial debe estar explícitamente orientada a la generación de empleos calificados, a la reducción de las desigualdades sociales y regionales, a la democratización del acceso a bienes y servicios esenciales como la salud, la vivienda, la movilidad urbana y una alimentación adecuada, y al fortalecimiento de las capacidades nacionales de desarrollo.
La primera directriz es elevar el nivel de coordinación política de la estrategia industrial, consolidando mecanismos efectivos de articulación interministerial y eliminando los obstáculos institucionales que dificultan su implementación.
La segunda consiste en utilizar plenamente el poder de compra y contratación del Estado como instrumento de transformación productiva. La previsibilidad de la demanda pública a lo largo del tiempo es una condición decisiva para estimular la innovación, ampliar la capacidad productiva y realizar inversiones compatibles con los objetivos nacionales.
La tercera directriz es asegurar condiciones más favorables para las empresas de capital nacional en el acceso a las compras gubernamentales y a las políticas de contenido local. Son estas empresas las que, prioritariamente, deben ampliar su capacidad tecnológica, desarrollar soluciones adecuadas a las necesidades del país, fortalecer las cadenas productivas nacionales, elevar la calidad del empleo y contribuir a la autonomía estratégica de Brasil.
En este sentido, se impone reevaluar la eliminación de la diferenciación jurídica entre empresas brasileñas de capital nacional y empresas controladas por capital extranjero, promovida en 1995, adecuando los instrumentos regulatorios y de política pública a las exigencias de una estrategia nacional de desarrollo.
La cuarta directriz consiste en establecer metas objetivas y mensurables. Las misiones de la Nova Indústria Brasil cumplen un papel importante al integrar objetivos económicos y sociales, pero deben estar acompañadas de indicadores cuantitativos capaces de orientar la acción gubernamental y evaluar los resultados. Entre ellos, se destacan metas anuales de expansión del empleo industrial y de los servicios modernos, así como de ampliación de la participación de la industria de transformación en la composición del Producto Interno Bruto (PIB).
La quinta directriz consiste en establecer contrapartidas claras para las empresas beneficiadas por los diversos instrumentos de apoyo estatal, vinculando los incentivos, el financiamiento y las compras públicas a los objetivos definidos de la política industrial.
En el centro de este esfuerzo de reindustrialización se encuentra el tercer vértice: la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI). La CTI constituye el principal factor de transformación productiva en las economías contemporáneas. Es el fundamento de la reindustrialización basada en el conocimiento, de la innovación empresarial y de la consolidación de cadenas productivas estratégicas como el complejo económico-industrial de la salud, la digitalización de la industria y el aprovechamiento sostenible de minerales críticos, incluidas las tierras raras y otros minerales críticos.
También ocupa una posición central en el desarrollo de tecnologías indispensables para la soberanía nacional, como los semiconductores, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la infraestructura digital. Del mismo modo, constituye un elemento decisivo para el fortalecimiento de la Base Industrial de Defensa, sector que requiere una atención estratégica acorde con su relevancia para el país y, definitivamente, un presupuesto mayor.
En un entorno internacional marcado por la intensa competencia tecnológica, la capacidad científica e innovadora se ha convertido en un componente esencial de la autonomía nacional. Es en este campo donde se concentran algunas de las principales oportunidades para una inserción internacional flexible y basada en una cooperación científica, tecnológica y productiva de mayor nivel con países del Sur Global, particularmente con los integrantes de los BRICS+, en especial China.
Durante el actual gobierno de Lula, la política de Ciencia, Tecnología e Innovación alcanzó un nuevo nivel. El área pasó a integrar los ejes estructurantes del Novo PAC y de la Nova Indústria Brasil, con prioridad para la inteligencia artificial, la computación avanzada, el complejo de la salud, la bioeconomía, los satélites, la agricultura sostenible, las energías renovables y los proyectos estratégicos de defensa. También fue decisivo el desbloqueo de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), recuperando su capacidad para financiar la investigación, la innovación y la formación de recursos humanos.
La política adoptada también buscó acercar la ciencia a las necesidades concretas de la población. Esto se expresa en el desarrollo de soluciones orientadas a la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la inclusión y la transición digital, las tecnologías de asistencia para enfrentar los cambios climáticos, la preservación de acervos culturales y la formación de recursos humanos para la economía del conocimiento. También se destacan las iniciativas destinadas a ampliar la participación de niñas y mujeres en la ciencia y a reducir las desigualdades regionales en el acceso a los beneficios de la innovación.
El próximo ciclo de desarrollo exige consolidar y ampliar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como instrumento para reducir las dependencias tecnológicas y expandir las capacidades nacionales. En consonancia con la Estrategia Nacional de CTI y articulado con un amplio programa de fortalecimiento de la educación en todos los niveles, el país debe perseguir el objetivo de elevar las inversiones en Ciencia, Tecnología e Innovación al equivalente del 2% del PIB. Esto tiene como finalidad ampliar los recursos destinados a la investigación y la innovación, fortalecer las universidades y los institutos públicos de investigación, valorizar la formación de recursos humanos altamente calificados, revalorizar las becas científicas y crear carreras capaces de atraer y retener talentos.
Esto implica igualmente asegurar la previsibilidad, la estabilidad y la expansión de la capacidad financiera del FNDCT, así como elevar la inversión nacional en investigación y desarrollo mediante un fuerte estímulo a la participación del sector empresarial, acercando a Brasil a los estándares observados en las economías más innovadoras.
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Los tres vértices orientan hacia una nueva etapa de transformación nacional. Su plena realización exige enfrentar obstáculos centrales de las políticas económicas y macroeconómicas, con el objetivo de elevar la tasa de inversión. Es insostenible mantenerla en los niveles actuales para un país con semejante potencial y carencias. Esto también implica disputar reformas estructurales del Estado, de alcance político e institucional, hacerlo funcional a los objetivos perseguidos, adecuar la relación del sector privado a los objetivos de modernización productiva soberana, de reducción de la desigualdad social y regional y de desconcentración del ingreso. Aquí se presentan solo algunas de las medidas más decisivas.
Un conjunto de medidas está dirigido a adecuar el régimen de política monetaria para que la tasa básica de interés sea reducida sustancialmente. Manteniendo firme el compromiso del gobierno de Lula con el combate a la inflación, la preservación del poder adquisitivo de la población y la generación de empleo, las principales medidas incluyen ampliar el intervalo y el plazo para el cumplimiento de las metas de inflación y excluir los componentes más volátiles del Índice Nacional Amplio de Precios al Consumidor (IPCA) de la tasa que debe perseguir el Banco Central (BC). Por otro lado, se propone definir el fomento del pleno empleo como objetivo fundamental del BC, junto con la estabilidad de precios; ampliar el conjunto de instrumentos para enfrentar diferentes fuentes de presión inflacionaria; y restituir la soberanía del voto popular sobre la conducción del BC, mediante la reintegración del BC a la estructura del Estado nacional y la coincidencia entre el mandato de la presidencia del BC y el mandato de la Presidencia de la República.
Además de estas medidas, los bancos públicos comerciales deben actuar más activamente para reducir el costo final del crédito, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) debe continuar elevando su papel como fuente de financiamiento de largo plazo a tasas más favorables para inducir la inversión pública y privada en los sectores estratégicos. En el régimen fiscal, el rumbo es garantizar y ampliar los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1988 —indispensable para superar la inicua desigualdad social brasileña— y la necesidad de elevar consistentemente la inversión pública para inducir el crecimiento económico y mejorar los ingresos de los brasileños. Una cuestión es garantizar los pisos constitucionales de salud y educación; otra es reforzar legalmente la garantía de un reajuste real anual del salario y su uso como indexador de los beneficios previsionales y asistenciales, así como del Bolsa Família.
Un área en la que el país también necesita fortalecer su soberanía es la política cambiaria. Un tipo de cambio administrado es una condición necesaria para preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, proteger a la población y evitar volatilidades perjudiciales para la economía nacional derivadas de la especulación financiera. En este mismo terreno es necesario ampliar los acuerdos bilaterales y regionales en los que los pagos se realicen en reales o en la moneda del socio comercial, reduciendo así la dependencia de una sola moneda.
La tercera medida es establecer una regla propia para la inversión pública que garantice el aumento de la aplicación de recursos en áreas de alto impacto social en las que la inversión pública es imprescindible, como el complejo industrial y de servicios de la salud, la movilidad urbana y la adaptación de las ciudades a los cambios climáticos. Estas áreas poseen un gran potencial para inducir el crecimiento económico sobre la base de tecnologías innovadoras.
También es fundamental perfeccionar la asignación del presupuesto público y, para ello, la medida más importante es devolver los valores destinados a las enmiendas parlamentarias a los niveles históricos anteriores al golpe de 2016 y revocar el carácter obligatorio de una parte de ellas. Por último, debe continuar el esfuerzo por elevar los ingresos públicos mediante una tributación progresiva y proporcional a los ingresos y al patrimonio de los poseedores de grandes riquezas.
Además de estas, el país demanda otras reformas y medidas. Una cuestión imperiosa es elevar la asignación presupuestaria de las Fuerzas Armadas al nivel de las exigencias de la defensa de la soberanía nacional, acompañada de la renovación de la estrategia militar. En materia de seguridad pública, para enfrentar la violencia que afecta sobre todo a las clases populares, el rumbo es fortalecer la Política Nacional de Seguridad Pública, basada en la constitucionalización y la gestión eficaz de un Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), con revisión y reglamentación de los deberes y competencias de las entidades federativas y una asignación presupuestaria para un Ministerio propio del área. Esto incluye desarrollar el Programa Nacional de Combate al Crimen Organizado, basado en la cooperación entre los diversos niveles de gobierno de forma soberana, sin intervenciones extranjeras. En el plano constitucional, se impone reformar el artículo 142 de la Constitución Federal para abolir el dispositivo de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), a fin de evitar el empleo de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública, así como reformar el artículo 144, párrafo 6, de la Constitución para desvincular a las policías militares y a los cuerpos de bomberos de la función de «fuerzas auxiliares y de reserva» del Ejército.
En el sistema político es indispensable una reforma en defensa del sistema electoral proporcional y la adopción de la lista preordenada de candidaturas partidarias, adoptando una paridad progresiva en la participación de personas negras y mujeres. Esto amplía la participación popular en los órganos de representación y fortalece a los partidos políticos. Es preciso fortalecer la democracia participativa, con plebiscitos, referendos e iniciativas populares, y recuperar el sentido de la política como la forma más elevada de conciencia social.
En cuanto a los trabajadores y las trabajadoras, además de la histórica victoria que se debe conquistar de la jornada 5×2, se puede actualizar la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) para abarcar otras modalidades de trabajo (plataformas digitales, pejotización o contratación como personas jurídicas, trabajo intermitente y trabajo en aplicaciones) e incluir a los trabajadores precarizados y a las personas jurídicas (PJs) en la seguridad social, con contribuciones proporcionales y acceso a prestaciones.
En fin, estas son algunas reformas para debatir en la sociedad, disputarlas abierta y ampliamente, aglutinar fuerzas, organizar consultas a la sociedad civil, plebiscitos y otras formas de persuasión y de lucha, así como ejercer presión sobre el Congreso Nacional y los sectores rentistas hegemónicos. En síntesis, se trata de construir una mayoría social y política para aprobarlas e implementarlas. Son algunas de las cuestiones decisivas para cumplir el programa que triunfó en las urnas, en concertación con los sectores que buscan el avance económico y la autonomía estratégica nacional.
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Estas contribuciones del PCdoB se originan en su concepción programática sobre la necesidad de un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo. El momento histórico es el de abrir un nuevo ciclo histórico de desarrollo nacional. Nuestro programa para un nuevo gobierno debe contener esta posibilidad y construir una voluntad nacional y social en esa dirección. Con un nuevo gobierno de Lula, esta posibilidad está planteada. Convertirla en realidad dependerá de intensas luchas políticas y de ideas que galvanicen la lucha unitaria de amplias fuerzas sociales y políticas. Es una necesidad que debemos hacer posible.
Comisión Política Nacional del Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
22 de junio de 2026
